Mérida, Yucatán, 1 de agosto de 2015.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida pidió a la autoridad municipal no ceder en los operativos realizados en las calles del centro histórico de Mérida y de retirar de la vía pública a las niñas y niños que trabajan por esa zona y el Paseo de Montejo.

El presidente de este organismo empresarial, José Manuel López Campos, puntualizó que en esa tarea debería existir una coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno, para lograr una mayor efectividad y evitar que este problema que lastima a la sociedad vaya en aumento.

Actualmente, indicó, hay más de 500 menores en la zona, de acuerdo a las propias autoridades municipales, y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Yucatán (Prodemefa), aunque ese número se incrementa a diario.

López Campos recalcó que se trata de menores de los cuales no se sabe si reciben educación, si cuentan con servicios médicos, cómo llegaron a Mérida y sobre todo quién los manda a trabajar, quién les proporciona la mercancía que vende, de ahí que las autoridades son las que deben indagar, pues son el último eslabón de una cadena ilícita de comercialización y las víctimas más vulnerables de la informalidad.

La autoridad municipal, enfatizó, tiene la responsabilidad de hacer valer los reglamentos y leyes vigentes en cuanto a vendedores ambulantes, pero el gobierno estatal y el federal, no pueden ser omisos en el compromiso que tienen de aplicar la Ley para que esos niños no estén en las calles, a veces hasta altas horas de la madrugada, vendiendo desde artesanías hasta dulces y cigarros.

López Campos advirtió que esos menores de edad pueden ser objeto de otros tipos de abusos y de delitos más graves que atentan contra los derechos de los niños, niñas y adolescentes previstos en la Constitución Mexicana.

Las autoridades deben investigar si en Mérida se podría estar incurriendo en pleno Centro Histórico, corazón de la ciudad capital, en la comisión de delitos contra el sector de la población más vulnerable.

Por ello, señaló, la CANACO Mérida solicitará su intervención a las autoridades correspondientes, municipales, estatales y federales, como: El DIF, el Ayuntamiento de Mérida, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado (CODHEY), y la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA), entre otros, para evitar que esta situación prevalezca y se incremente.

Ante la pasividad en corto plazo se estaría atrayendo a más persona de otras partes del país a venir a laborar de manera informal en Mérida, y en otras partes del estado, introduciendo en nuestras poblaciones prácticas ajenas a nuestra identidad y que con el paso del tiempo las adoptaríamos como propias, asentó.