México (17 de abril).- El gobierno de México trabaja en una lista de personas y empresas sospechosas de vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo para evitar que realicen operaciones de lavado en el sistema financiero, similar a una que tiene Estados Unidos y que usa para limitar transacciones.

Pero a diferencia de Estados Unidos, donde cualquiera puede consultar quién o qué empresas está en la lista, en el caso de México será confidencial y de acceso restringido a las autoridades, a los incluidos en la lista y a las instituciones financieras, informó el lunes a The Associated Press Alberto Elías Beltrán, responsable de la implementación de una nueva ley de lavado de dinero de la Secretaría de Hacienda.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, dio a conocer el fin de semana en Washington que se preparaba la lista, lo que ha comenzado a generar preguntas sobre cómo las autoridades determinarán a quién se incluye y si eso podría traducirse en posibles violaciones a los derechos de las personas.

Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de la Ley de Lavado de Dinero, dijo que aún se trabaja en los “criterios” que se tendrán en cuenta para incluir a una persona o empresa en la llamada “lista de personas bloqueadas” del sistema financiero.

Una vez que eso ocurra -algo que Elías Beltrán espera se concrete antes de finales de abril- se compilará oficialmente la primera lista y se enviará a las instituciones financieras, que “de manera inmediata deberán suspender cualquier operación, acto o servicio con las personas, clientes o usuarios que estén señalados en la lista” .

Dijo que eso significa la imposibilidad de realizar retiros o depósitos en cuentas existentes, además de prohibirles abrir alguna otra.

El funcionario añadió que se tratará de un procedimiento administrativo, no penal, que las personas o empresas podrán impugnar para que se las retire de la lista.

Elías Beltrán dijo que sobre la base de varias modificaciones legales recientes, entre ellas una en materia financiera, el Congreso estableció que la lista debe ser confidencial, algo que consideró adecuado para no afectar la reputación de las personas al hacerla pública.

Videgaray dijo el sábado en Washington que el gobierno también considera asumir como propios los nombres que con regularidad coloca en su propia lista la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

“Por primera vez tenemos la capacidad de emitir una lista que impida a cualquier institución financiera hacer transacciones con estas personas o individuos” , dijo el funcionario en la capital estadounidense al finalizar su participación en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

La OFAC divulga desde hace años una lista de personas y empresas ligadas a organizaciones criminales de varios países, incluido México.

La inclusión implica que los estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con ellos, además de que congela cualquier activo que tenga en Estados Unidos.

Elías Beltrán aseguró que las personas y empresas en la lista de la OFAC no se agregarán automáticamente a la lista mexicana, sino que antes las autoridades harán un análisis para determinar si se incluyen.

Sin embargo, hasta ahora, la inclusión en la lista de la OFAC no se ha traducido en detenciones o investigaciones en México, donde funcionarios han dicho en el pasado que las autoridades estadounidenses no acompañan la divulgación de nombres con información o pruebas que les permitan iniciar un proceso penal en México.

Elías Beltrán dijo que en el caso de la lista mexicana se iniciará un proceso administrativo, aunque es posible que eso lleve a una indagatoria penal.

Gerardo Palomar Méndez, abogado y profesor del Tecnológico de Monterrey, casa de estudios privada, dijo el lunes a The Associated Press que el anuncio del secretario se basa en una ley contra el lavado de dinero que entró en vigor a fines de 2013 y que faculta a Hacienda a establecer mecanismos para prevenir el uso del sistema financiero para blanquear capitales.

“Creo que debemos ser, como Estado mexicano, muy cuidadosos en las formas de inscripción o de descripción en esa lista negra, porque si no daría pie a 20.000 quejas de derechos humanos” , dijo Palomar, para quien aún “no está claro” el procedimiento para incluir a alguien.

Consideró, por ejemplo, que sólo deberían incluirse personas o empresas que hayan sido sentenciadas por alguna actividad de crimen organizado.- (El Universal)