ANTIGUA, Guatemala, 9 de junio.- La droga no es un problema de seguridad sino de salud pública y debe enfrentarse mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación.

Ese fue el principal consenso al que llegaron los 34 países que participaron en la 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), marcando así un nuevo rumbo para la política antinarcótica regional.

El encuentro comenzó el martes 4 en la ciudad colonial de Antigua, Guatemala, y culminó el jueves 6 con la aprobación de la Declaración de Antigua, un documento que recoge una postura consensuada sobre el camino a seguir para combatir los flagelos asociados al narcotráfico.

Sin embargo, pese a que existe amplio acuerdo en cuanto al evidente fracaso de las estrategias de militarización que se han instaurado hasta la fecha para combatir la droga, la versión final de la declaración elimina la propuesta de despenalizar el consumo personal de drogas que recogía el borrador inicial a petición de Guatemala, con el respaldo de otros gobiernos.

El documento tampoco contempla acciones específicas ni una hoja de ruta mínima a seguir.

Además, después de siete horas de deliberación, se decidió fijar una sesión extraordinaria de seguimiento a la Declaración de Antigua, que se llevará a cabo en abril del 2014 en Guatemala.

Catorce países proponían que el Consejo Permanente de la OEA convocara a un periodo extraordinario de sesiones de la asamblea para avanzar en el debate sobre nuevas estrategias de combate al narcotráfico y diseñar una hoja de ruta que se implementaría del 2016 al 2020.

Esta propuesta contemplaba que la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) se encargara de los trabajos preparativos para la reunión. Pero los países restantes, entre ellos Estados Unidos, estaban dispuestos a seguir debatiendo el tema de las drogas, pero se oponían a la celebración de una asamblea extraordinaria y a la intervención del CICAD.

La 43 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) marcó un nuevo rumbo para la política antinarcótica regional.

En el trasfondo del debate se advertía un pulso de poder entre un bloque de países que rechazaban la unilateralidad que ha tenido Estados Unidos en la evaluación de las políticas de control de drogas en el hemisferio, liderado por Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, y otro bloque encabezado por Estados Unidos y Canadá.

Ante la imposibilidad de llegar a un consenso, el tema quedó en manos de los cancilleres de los países participantes. El resultado final fue que Estados Unidos, Canadá, Argentina, Barbados y Paraguay finalmente aceptaron la celebración de una sesión extraordinaria en el 2014, pero quedó pendiente el mecanismo de evaluación.

El canciller guatemalteco, Fernando Carrera, dijo que en la asamblea extraordinaria que se celebrará en el 2014 se analizarán informes técnicos elaborados por los ministerios de seguridad de los países integrantes y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Luego, tendrá lugar una Asamblea General en la cual los cancilleres iniciarán una discusión que defina una nueva estrategia antinarcótica para el periodo 2016-2020.

Washington: el doble rasero

La participación del secretario de Estado de EU, John Kerry, en la Asamblea General de la OEA fue insólita. No es común que un funcionario estadounidense de su rango participe en las sesiones de la OEA.

El experto chileno Eduardo Vergara, director del think tank Asuntos del Sur, hace notar que “durante mucho tiempo Estados Unidos ha ignorado a la OEA y a debates tan importantes como el de las políticas antidrogas”. Para Vergara, la participación de Kerry en esta asamblea refleja una preocupación por parte de Estados Unidos por “la penetración de China en América Latina, tanto como compañero comercial como aliado político”.

Kerry admitió que su país no ha hecho lo suficiente para reducir el consumo de drogas y reconoció la “responsabilidad compartida” de su país en la lucha antinarcótica. Sin embargo, recalcó que ningún país del mundo ha logrado frenar la demanda de estupefacientes y expresó su rechazo a seguir la vía de la legalización a pesar de que los estados de Colorado y Washington han optado por regular el consumo del cannabis con medidas similares a las que emplean para regular el alcohol.

“A los que hablan de la legalización de las drogas les diré que los desafíos van mucho más allá de un ingrediente”, dijo durante su intervención.

Incineración de droga.

No obstante, acotó que Estados Unidos está dispuesto a participar en cualquier “discusión abierta” sobre el tema.

“Estados Unidos ha flexibilizado sus leyes de droga pero sigue mirando a América Latina como el patio trasero al cual es necesario seguir reprimiendo y persiguiendo. En algunos estados, Estados Unidos ha legalizado la demanda pero sigue criminalizando la oferta. Para que esto avance, Estados Unidos es el primer país que se tiene que poner de acuerdo sobre si continúa con esta incoherencia o se hace parte de una orquesta regional”, afirma Vergara.

La postura estadounidense de rechazo a la despenalización fue secundada por Nicaragua y Panamá, mientras que Ecuador, Bolivia y Venezuela acusaron a Estados Unidos de seguir aplicando un “doble rasero” en el tema de las drogas. “Otra vez la estigmatización de los países del Norte a los del Sur. Sólo aquí hay cárteles. ¿Han escuchado del cártel de Nueva York o el cártel de París? Allá se distribuye la droga y el dinero entre grandes consorcios, pero allá no existen los cárteles”, dijo el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.

México: el deslinde

El Presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha buscado distanciarse de las políticas militaristas de combate frontal al narcotráfico que dejaron un saldo de 83 mil 191 asesinatos durante la gestión de su antecesor, Felipe Calderón.

En marzo de este año, anunció una nueva estrategia basada en la prevención de la violencia, la reducción de la deserción escolar y la prevención de las adicciones, entre otras medidas que buscan atacar el problema de manera integral.

Sin embargo, el 23 de mayo, durante la cumbre de la Alianza del Pacífico, que se realizó en Cali, Colombia, Peña Nieto dejó claro que esto no significa que esté contemplando tomar pasos hacia la despenalización como están haciendo Uruguay y otros países de América Latina.

“Para algunos ésta puede ser una posición o una forma fácil y hasta falsa eventualmente de combatir con mayor eficacia al crimen que está muy vinculado al narcotráfico y a la venta de drogas”, dijo en esa ocasión.

En la asamblea participó una delegación integrada por el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores José Antonio Meade, y los subsecretarios de esa dependencia, Vanessa Rubio Márquez y Juan Manuel Gómez Robledo. Sus intervenciones en la sesión plenaria esquivaron la polémica en torno a la despenalización y tanto oficial como extraoficialmente se limitaron a reiterar que México impulsará “una política integral” con énfasis en la prevención y en la búsqueda de la paz.

Aunque México y Centroamérica han sufrido de manera similar las secuelas de violencia que conlleva el combate al narcotráfico mediante estrategias militares, el tema de la despenalización abre una brecha entre las dos posturas.

“(México y Centroamérica) están juntos en cuanto a que se cuestiona el esquema militarista, pero México ha dejado claro que considerar regular el mercado de drogas no es una opción. En México, el planteamiento formal es construir una guardia civil que se encargue de tareas específicas de seguridad y sustituya al personal militar. Guatemala ha propuesto la salida de despenalizar la droga —sin ser específico— pero sigue el peso en lo militar sin un mapa que marque cuando el ejército vuelve a los cuarteles”, afirma el experto sinaloense David Martínez-Amador, del proyecto Criminova México.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que a pesar de que el tema de la despenalización no se incluyó en la versión final de la Declaración de Antigua, en esta asamblea se evidenció que en la región existe un creciente movimiento a su favor.

Agregó que la formulación de nuevas políticas para combatir la droga es impostergable. “Que la discusión se haga rápido, hay países que tienen más urgencia que otros. La violencia en Centroamérica debe ser atendida con urgencia, y ojalá se pueda hacer incluso subregionalmente”, manifestó Insulza.

Haciendo un balance general sobre la importancia de esta asamblea, Vergara dijo que marca un cambio decisivo en relación con la Cumbre de Cartagena que se realizó en 2012. “Hay un avance innegable. Hemos dado vuelta a la página sin mirar atrás. El consenso es que la política de drogas que se basa en la represión, la persecución y la prohibición fracasó, y eso es un gran logro para los Estados americanos. Si bien no vemos políticas específicas de reformas por parte de los Estados, por lo menos hay un consenso en que el paradigma actual no es el adecuado”, expresó. (Louisa Reynolds/Apro)