Mérida, Yucatán, 24 de abril de 2015.- Con la participación de ocho entidades federativas se celebró en Xalapa, Veracruz, la primera sesión del 2015 de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, evento al que asistió el fiscal General, Ariel Aldecua Kuk.

Junto con sus similares de Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco el funcionario estatal tomó parte en las actividades encabezadas por el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en calidad de anfitrión.

Acompañado del vicefiscal de Investigación y Procesos de la FGE, Javier León Escalante, el fiscal General participó en los trabajos que incluyeron cuatro temas centrales: el nuevo sistema penal, la procuración de justicia penal electoral, la desaparición forzada y tortura y, por último, el robo de hidrocarburos.

En su calidad de Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la también Procuradora General de la República, Arely Gómez González recordó que con la Reforma Constitucional de 2008, y la implementación del nuevo Sistema de Justicia -que tiene como fecha comprometida junio de 2016 para la operación plena en todas y cada una de las entidades del país- hay una tarea que demanda inmediata atención y todo el esfuerzo posible para lograr los objetivos trazados y concluir las acciones pendientes.

Como se recordará en Yucatán desde el año pasado que se puso en funciones el nuevo sistema, la Fiscalía General del Estado (FGE) se ha dado a la tarea de capacitar, informar y prepararse dando paso a la completa operación del mismo, y con ello garantizar una procuración de justicia pronta y expedita.

Gómez González invitó a los asistentes a actuar en cuatro ejes: procuración de justicia eficaz y eficiente, respeto a los derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas y la implementación del sistema de justicia penal acusatorio.

Con esta reunión concluyeron los encuentros regionales de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia con el firme compromiso de cumplir el mandato constitucional de investigar y perseguir el delito con toda firmeza y al mismo tiempo de velar por el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, apuntó la titular de la PGR.